El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene adecuando sus establecimientos penitenciarios para recibir a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como asesinato, extorsión o violación sexual. Así lo informó Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tras la reciente promulgación de una nueva ley que endurece las sanciones para este grupo etario.
La medida responde a la entrada en vigencia de la Ley 32330, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esta normativa permite que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan ciertos delitos sean imputados y sancionados como adultos.
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Según datos oficiales, actualmente hay 1 050 adolescentes internados en centros juveniles por delitos graves. De ellos, 727 cumplen sanción por robo agravado, 87 por homicidio calificado, siete por sicariato, catorce por trata de personas y 69 por violación sexual. Con la nueva ley, muchos de estos casos serían derivados a penales comunes en lugar de centros juveniles.
Martínez aclaró que esta disposición solo se aplicará a los adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. Los menores de 16 años, así como aquellos que no incurran en estos delitos, seguirán siendo atendidos por el sistema penal juvenil.
