La imagen de la justicia peruana esta desacreditada, solo basta con recorrer los alrededores del Ministerio Público, el Poder Judicial entre otras instituciones públicas que administran justicia para darnos cuenta de la triste realidad en la que se encuentra inmerso el Perú, en donde la justicia se ha convertido en un negocio.
Redacción
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Denuncias a jueces y fiscales
La institución que se encarga de realizar las investigaciones correspondientes a todos los fiscales y jueces que cometen un delito (hasta el nivel superior) es el Ministerio Público, en cambio a los jueces supremos, a nivel jurisdiccional las investigaciones lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La Fiscalía de Control interno tiene como función investigar la conducta funcional de los fiscales desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, cuando a los magistrados se les atribuye la comisión de delito, pasan a una investigación preliminar para que el mismo fiscal de la Nación se pronuncie aprobando o no el procesamiento de un magistrado y pase a ser investigado por la fiscalía encargada de delitos cometidos por funcionarios públicos.
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Pero, lo sorprendente de todo es que el Ministerio Publico reportó hasta este mes de junio 8.046 denuncias (de tipo penal) sobre fiscales, jueces y trabajadores; de estas denuncias, están bajo proceso 7.904. Mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene 5.811 denuncias de las cuales ha atendido 5.343.
El eslabón más vulnerable
Sin embargo los más afectados de esta corrupción son sin duda los litigantes, se estima que el pago de coimas que realizan las víctimas pueden incrementarse hasta en un 300%, dado el nivel de justicia en el que hacen la negociación.
Existen dos tipos de litigantes, a quienes se les conoce como “inexpertos” o “profesionales”.
Los litigantes “inexpertos” son aquellos que inician un proceso por primera vez y contratan a un abogado para su defensa. Este personaje es quien generalmente hace de intermediario entre la autoridad y el ciudadano.
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Los litigantes “profesionales” son aquellos que reiteradamente enfrentan procesos con la justicia y pagan, mensualmente, por un abogado permanente que apenas se entera de una nueva denuncia acude a defenderlo. Este tipo de litigante, en la mayoría de los casos, trata directamente con la autoridad. En algunas oportunidades ya ni siquiera depende de un abogado y actúan solos.
el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Mario Amoretti, señala lo siguiente.
“El procesado a veces vende hasta lo que no tiene para obtener la libertad del hijo, o accede a una relación sexual por parte del funcionario”.
La OCMA se pronuncia
– A raíz del escándalo de los CNM audios, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha aclarado, en un comunicado, que en la gestión de la doctora Ana María Aranda, actual jefa de la OCMA, se han impuesto 3.600 medidas disciplinarias y se ha capacitado a magistrados y trabajadores como actividad preventiva.
– Además, los procedimientos para recibir las denuncias de los ciudadanos se han modernizado para proteger la identidad de quienes quieran reportar sus casos.
Fuente: La República