La Inspectoría General del Ejército ha concluido su investigación sobre la represión a la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte en Huamanga, Ayacucho, el pasado 15 de diciembre de 2022. Sorprendentemente, el informe señala que ninguno de los oficiales o subalternos involucrados es responsable del asesinato de los diez ciudadanos, a pesar de las evidencias presentadas.
Los protocolos de necropsia emitidos por el Instituto de Medicina Legal indican que las víctimas fueron impactadas por proyectiles compatibles con fusiles de fabricación israelí Galil, el mismo armamento portado por los elementos del Ejército ese fatídico día, como se evidencia en numerosos videos y fotografías.
Sin embargo, el informe final del inspector designado para el caso, el general de brigada Marco Marín Saldaña, no atribuye los homicidios a ninguno de los uniformados. En cambio, se enfoca en faltas administrativas y burocráticas consideradas nimias, imponiendo castigos simples a ocho uniformados del Ejército.
El general Marín, en su informe, desestima las imputaciones graves y muy graves inicialmente presentadas contra 12 oficiales de la IV División del Ejército, quienes supuestamente estaban implicados en los disparos y las órdenes de represión. Sorprendentemente, concluye que la autoría de las muertes a balazos es un «invento de la prensa».
«No está probado que los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas», afirma el general Marín en el informe.
La rapidez con la que se llegó a esta conclusión contrasta con la lentitud y la resistencia del Ejército para colaborar con la fiscal encargada del caso, Mirela Coronel Molero. La fiscal tuvo que recurrir al Poder Judicial para obtener información clasificada sobre la actuación militar el 15 de diciembre.
El general Marín, quien entregó su informe exculpatorio, fue nombrado agregado militar en Washington y representante en la Comandancia General Adjunta de Interoperabilidad en el U.S. Army South en Houston, Texas. Este nombramiento se realizó poco después de la entrega del informe, generando controversia.
La presidenta Dina Boluarte, bajo investigación por este caso, formalizó el destaque del general Marín a Estados Unidos recién el 5 de octubre de 2023. La situación sigue siendo delicada en Ayacucho, con la población cuestionando la actuación del Ejército y exigiendo respuestas sobre las muertes ocurridas durante la protesta.
