El reclutamiento de menores por bandas criminales ha alcanzado niveles alarmantes en la región, con 145 adolescentes detenidos en lo que va del 2025 por delitos graves como sicariato, extorsión, venta de drogas y asaltos. Lo más preocupante es que muchos de estos menores son captados por organizaciones delictivas aprovechando su situación de abandono, la falta de supervisión familiar y la ausencia de oportunidades educativas y laborales.
Casos recientes confirman esta preocupante tendencia. En el asentamiento San Valentín, dos menores de 16 años fueron detenidos tras robar una motocicleta. En otro operativo, se halló a adolescentes portando cocaína, armas de fuego y dinamita. Incluso se han reportado bandas formadas únicamente por menores de edad, lo que revela la profundidad de la crisis social.
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Expertos en derecho penal como Ángel Infante advierten que esta situación refleja un colapso en el tejido social, donde el hogar y el Estado fallan en su deber de protección. Señalan que la falta de control sobre lo que hacen los jóvenes en las calles y la falta de acceso a educación o empleo los deja expuestos a las redes criminales.
En respuesta, algunas iniciativas legislativas proponen que los menores implicados en delitos graves sean juzgados como adultos, recibiendo penas severas. Sin embargo, esta medida ha generado controversia entre sectores que exigen soluciones integrales que prevengan el delito en lugar de castigar sus consecuencias.
La Policía sigue en alerta, pero los esfuerzos represivos no bastan. El Estado debe asumir un rol activo en la prevención mediante políticas públicas de inclusión, educación y trabajo para adolescentes en riesgo. Mientras esto no ocurra, las mafias seguirán encontrando en la niñez su carne de cañón más vulnerable.
