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Cambios en Petroperú: remueven a presidente del directorio en medio de crisis financiera

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La empresa estatal Petroperú atraviesa nuevos cambios en su alta dirección. La Junta General de Accionistas acordó el 2 de mayo de 2026 la remoción de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio, además de formalizar la renuncia de Carlos Villalobos como miembro del mismo.

En su reemplazo, Edmundo Lizarzaburu Bolaños asumió la presidencia del directorio en calidad de independiente, acompañado por la incorporación de Berthin Gómez Vela, también como director independiente. Lizarzaburu ya había tenido experiencia en la empresa y se desempeñaba recientemente como presidente del directorio de Perúpetro.

La salida de Arévalo se produce luego de que el presidente José María Balcázar le retirara públicamente la confianza y condicionara la aprobación de un rescate financiero superior a los 2.000 millones de dólares a su permanencia en el cargo.

Advertencias sobre desabastecimiento

Días antes de su remoción, Arévalo había alertado sobre el riesgo de paralización de refinerías clave en el país, lo que podría comprometer el suministro de combustibles. Según indicó, instalaciones como Iquitos ya se encontraban detenidas por falta de petróleo, mientras que Talara y Conchán estaban en riesgo de paralizar operaciones.

El exfuncionario también expuso ante el Congreso el impacto del alza internacional del petróleo y las exigencias de pago al contado por parte de proveedores, lo que ha generado mayores presiones financieras para la empresa.

Deuda y medidas de emergencia

Actualmente, Petroperú enfrenta una deuda total cercana a los 7.899 millones de dólares, de los cuales más de 3.500 millones corresponden a obligaciones de corto plazo. Además, mantiene compromisos con proveedores por unos 2.500 millones de dólares, lo que ha restringido el acceso a suministro de crudo.

Ante este escenario, el Ejecutivo evalúa un mecanismo de financiamiento de urgencia que incluiría la participación del sector privado bajo esquemas similares a asociaciones público-privadas, con el objetivo de evitar un colapso en el abastecimiento de combustibles en el país.