Javier Alexander Albines Amaya y Carlos Enrique Sernaqué Ramírez, serán internados en el penal de Piura por nueve meses, hasta que se defina su situación legal en el proceso judicial que se les sigue por ser los presuntos autores del delito de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de un trabajador de una avícola, quien denunció ante las autoridades policiales el robo de su motocicleta.
Redacción
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La medida fue ordenada por el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, Franklin Pérez Santa Cruz; quien declaró procedente el pedido del representante del Ministerio Público para que ambos investigados afronten el proceso internados en el establecimiento penitenciario, con el fin de garantizar su presencia en cada una de las diligencias judiciales que implica el proceso penal.
Esta disposición se basa en el cumplimiento de los tres requisitos para ordenar la prisión preventiva; existencia de graves y fundados elementos de convicción, que la pena probable a imponer sea superior a los cuatro años y la existencia de peligro procesal.
Dentro de los graves y fundados elementos se tiene la denuncia verbal de la víctima quién manifestó que el 01 de junio a las 11:30 de la mañana, se encontraba realizando el cobro del producto que distribuye a inmediaciones del asentamiento Jorge Chávez de Catacaos, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron hacia él para amenazarlo con un arma de fuego y arrebatarle su vehículo menor.
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También se tiene el acta de intervención policial, donde se da cuenta de la detención de Javier Alexander Albines Amaya y Carlos Enrique Sernaqué Ramírez, quienes previamente al notar la presencia policial abandonaron dos vehículos menores, siendo uno de ellos de propiedad del agraviado.
En cuanto a la posible pena a imponer el delito contra el patrimonio en el tipo específico de robo agravado en grado de tentativa, Artículo 188° concordado con el Art. 189° inciso 2 y 4 del Código Penal y Art. 16° del Código Penal: incisos ” 2) En lugar desolado, 4) Con el concurso de dos o más personas”, sancionado con una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años, con lo cual si se estaría cumpliendo con el segundo requisito.
Sobre el peligro procesal, durante la diligencia los imputados no acreditaron el arraigo domiciliario, residencia habitual, por lo que el Ministerio Público señaló que existe un peligro de abandonar el departamento o país o permanecer oculto, más aún si han sido sorprendidos al momento de la intervención, tratando de darse a la fuga al notar la presencia de los efectivos policiales.
