A más de un año de las lluvias del fenómeno El Niño costero, y el desborde del río Piura, en la actualidad existen alrededor de 11 mil personas que aún viven en albergues, encontrándose desplazadas, sin un hogar estable y sin acceso a los servicios básicos, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Así lo recordó la Defensoría del Pueblo.
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De esta cifra de damnificados, cerca de tres mil son mujeres adultas y adolescentes, cuyos derechos fundamentales muchas veces no son visibilizados ni atendidos.
Estas fueron dadas a conocer tras la reciente aprobación del proyecto de ley 1358, presentado por dicha institución, que promueve la aplicación del enfoque de derechos a las personas afectadas por desastres naturales.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la iniciativa de ley presentada por la institución que preside, en mayo del 2017, permite priorizar, antes que la inversión en construcción de infraestructura, la atención de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y de los servicios públicos básicos.
En la experiencia que ha habido en el Perú con los desastres, siempre se ha empezado por las obras y las pistas, por la parte material, y hemos olvidado a las personas. Ahora esto cambiará; serán priorizados sus derechos, indicó.
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El funcionario dijo que con esta iniciativa el Perú podrá contar con un protocolo de asistencia alimentaria para situaciones de emergencia, en donde el Estado deberá dar prioridad a la entrega de alimentos para el sector que se encuentre en situación de inseguridad alimentaria, principalmente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Enfatizó que la ley aprobada por el Congreso considera que el proceso de reconstrucción debe darse con transparencia y sin corrupción.
El premier debe cumplir cada seis meses con informar al Pleno del Congreso, señaló.
El 90% de los damnificados se encuentra en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima provincia.
Fuente: Correo