Arnaldo Lachira, decano del Colegio Médico de Piura, sostuvo que ante el cierre de la Clínica San Miguel se agudiza el déficit de camas hospitalarias en los otros establecimientos de salud de la Región.
Esto debido a que la clínica atendía a una gran cantidad de pacientes, entre ellos con enfermedades agudas y crónicas que abruptamente han tenido que ser transferidas a otras clínicas que ya están hacinadas.
«Los pacientes de este local ya cuentan con una historia clínica, medicamentos, especialistas y de la noche a la mañana de forma abrupta estos pacientes tienen que ser desplazados a establecimientos que ya tienen una población hacinada, es decir, no solo la Clínica San Miguel, Miraflores, Belén, esas ya tiene una población que atienden, y estas pueden colapsar y disminuir la atención», dijo el decano.
LEER MÁS: Trabajadores y pacientes estaban en peligro en clínica San Miguel de Piura
Además de los pacientes, los trabajadores que fueron despedidos «arbitrariamente» también son afectados. Jorge Carmona, copropietario de la Clínica San Miguel, sostuvo que el procedimiento de la Clínica Internacional no ha sido el adecuado, debido que no se les informó por este proceso.
«Como copropietarios les corresponde informarnos cualquier situación que se pueda generar en el funcionamiento de la clínica, se comunicó de un día para otro que la clínica ya no funcionaba, porque según estudios técnicos el local representaba un peligro para todos, pero nunca se nos dijo», precisó el medico.
Lamentó Carmona que no se haya tomado en consideración a los trabajadores despedidos, si bien recibirán sus beneficios por tiempo de trabajo se debió seguir un procedimiento que el Ministerio de Trabajo exige.
«Esos trabajadores deben recibir una indemnización especial, porque quien pagará a las aseguradoras, cómo se van a mantener, evidentemente hay una afectación», aseguró.
Finalmente, el congresista Hernando Cevallos solicitó al intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Piura (Sunafil), Orlando Añazco, la intervención de la entidad para verificar el respeto y protección de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores despedidos de la Clínica San Miguel, que hace dos días anunció un alto en sus operaciones.