Colombia enfrenta un recrudecimiento de la violencia que recuerda los peores años del conflicto armado. En menos de 24 horas, seis personas murieron en Cali tras un ataque con explosivos contra una instalación militar y doce policías fueron asesinados cuando un helicóptero fue derribado en Antioquia. Estos hechos marcan la expansión del conflicto a zonas urbanas, con atentados que ya no se limitan a regiones alejadas como el Catatumbo, el Cauca o el Putumayo.
El presidente Gustavo Petro calificó el ataque en Cali como una “reacción terrorista” de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, tras la ofensiva militar en el cañón del Micay. Su ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, confirmó que dichas facciones, junto con el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, serán consideradas organizaciones terroristas “perseguibles en cualquier parte del planeta”.
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La ofensiva urbana se produce en un contexto de debilidad militar del Estado. El derribo en Antioquia, presuntamente con un dron, muestra cómo los grupos armados han encontrado nuevas tácticas para contrarrestar la superioridad aérea que antes fue clave en la lucha contra las guerrillas.
El ataque en Cali confirma el avance de la Operación Perseo, la respuesta de las disidencias al intento del Gobierno de recuperar el cañón del Micay, un enclave estratégico para el narcotráfico y los cultivos ilícitos. En los últimos meses, la ciudad ya había sufrido atentados con explosivos, pero el atentado de este jueves representa un salto en la capacidad ofensiva de los grupos ilegales y su intención de golpear en grandes centros urbanos.
Aunque la violencia no alcanza aún los niveles de los años 90 o del inicio del 2000, la tendencia es preocupante. Con más de 20 ataques en la región en lo que va del año, el país enfrenta el riesgo de que el terrorismo urbano se normalice nuevamente.
