En plena campaña electoral, el Congreso aprobó un dictamen que cambia las concesiones mineras en el Perú, una decisión que ha generado preocupación en el sector por alterar reglas que durante décadas garantizaron estabilidad jurídica. La medida fue impulsada desde la Comisión de Energía y Minas y agrupa varios proyectos de ley que buscan modificar el régimen vigente, introduciendo nuevas condiciones para las empresas y favoreciendo esquemas vinculados a la pequeña minería y minería artesanal.
El dictamen plantea cambios estructurales en el modelo actual. Entre ellos, propone que las concesiones extinguidas pasen a manos del Estado para ser entregadas a pequeños mineros organizados en cooperativas, bajo un enfoque de “propiedad social”. Asimismo, se busca reducir el tiempo de vigencia de las concesiones —que hoy puede alcanzar hasta 30 años— a periodos de apenas cuatro o cinco años, con el argumento de evitar que existan concesiones sin actividad productiva.
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Otro de los puntos más controvertidos es la obligación de que las empresas mineras firmen acuerdos de participación en beneficios con comunidades cercanas. Estos compromisos podrían incluir aportes económicos, empleo local o incluso participación financiera. Sin embargo, especialistas advierten que esta exigencia podría interpretarse como una forma de expropiación indirecta, al obligar a las empresas a ceder parte de su patrimonio sin compensación clara.
El documento también elimina el carácter irrevocable de las concesiones, lo que permitiría su revocación por decisión administrativa, elevando el riesgo de discrecionalidad. A ello se suma un incremento significativo en los costos: el derecho de vigencia subiría hasta en 300 %, mientras que las penalidades por no producir o invertir aumentarían en 400 %. Además, se reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción, pese a que desarrollar un proyecto minero puede tomar entre 25 y 45 años. Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, aceleró su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en ese régimen.
En paralelo, el dictamen se aprueba en un contexto donde la minería informal e ilegal sigue en expansión. Pese a los intentos de formalización, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) muestra bajos resultados, con apenas un pequeño porcentaje de mineros formalizados desde su creación. La propuesta deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, donde se definirá si estos cambios en las concesiones mineras se convierten finalmente en ley.
