El Congreso cerró la puerta a la pensión vitalicia solicitada por Dina Boluarte, al declarar improcedente su pedido con base en un informe técnico difundido por Cuarto Poder. La decisión marca un precedente político y legal, al concluir que la exmandataria no cumple los requisitos establecidos por la ley para acceder a este beneficio reservado a expresidentes.
Según el documento del Parlamento, la Ley 26519 reconoce la pensión únicamente a jefes de Estado elegidos por sufragio y que hayan completado un periodo presidencial. En el caso de Boluarte, el informe señala tres factores determinantes: no fue electa en las urnas, asumió el cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo y no culminó el mandato presidencial.
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La solicitud fue presentada apenas diez días después de dejar el cargo e incluía el pago mensual que actualmente bordea los 35 mil soles. No obstante, el análisis técnico concluyó que estas condiciones legales son excluyentes, por lo que el beneficio económico no puede ser otorgado bajo ninguna interpretación normativa vigente.
Además de la pensión vitalicia, Dina Boluarte solicitó seguridad personal, un asesor, un vehículo oficial, combustible y un seguro privado. Si bien estos beneficios están previstos para exjefes de Estado, el Congreso solo se pronunció sobre la pensión. Especialistas advierten que, aunque podría recurrir a la vía judicial, las posibilidades de revertir la decisión serían mínimas al tratarse de una competencia exclusiva del Parlamento.
