El Congreso de la República pagará S/70.000 para la asesoría y defensa del presidente del Legislativo, Alejandro Soto, en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos tras ser incluido en la indagación por la presunta organización criminal que habría sido liderada por Patricia Benavides.
A inicios de marzo, la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, incorporó a Soto y otros 13 parlamentarios en la investigación preliminar en base al testimonio del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva.
Específicamente, al presidente del Congreso se le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico por, según Villanueva, haber aceptado priorizar en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto a cambio de que la exfiscal de la Nación archive la investigación en su contra por la «Fábrica de Trolls» en su despacho.
La defensa de Alejandro Soto
Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el Estudio Bramont – Arias Torres EIRL es quien se encargará del brindar los servicios de asesoría legal y defensa del presidente de la Mesa Directiva.
Debido a que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá.
«La presente contratación tiene como finalidad la contratación del servicio de asesoría y defensa legal en materia penal y procesal penal a favor del presidente del Congreso de la República, Sr. Alejandro Soto Reyes, en la etapa de investigación preliminar dispuesta por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos», se precisa en el contrato.
Tal como se especifica en las bases de la contratación, el servicio adquirido se ampara en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso por el cual los funcionarios del Legislativo tienen derecho a «contar con asesoría profesional con cargos a los recursos de la entidad, para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucional, arbitrales e investigaciones policiales o actos realizados en el ejercicio de sus funciones».
