Las consejeras de Paita y Talara, Cecilia Torres y Grecia Arriola, quienes son acusadas por presuntamente designar a funcionarios en las UGEL de estas provincias, señalaron que no tienen nada que ocultar y que solo se trataría de un tema mediático y político, por lo que tomarán acciones legales contra los que resulten responsables.
Leydi Timaná
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La denuncia será por el presunto delito de abuso de autoridad, hostigamiento y acoso político contra los consejeros Oscar Echegaray, Hermer Alzamora y Eligio Sarango.
“Vamos a hacer una acción de amparo y una medida cautelar, (…) cada uno tiene una función acá y ellos están tratando de violentar esa acción», dijo la consejera por Paita, Cecilia Torres.
Ambas consejales señalaron que las denuncias y las presuntas intermediaciones en la contratación del personal salió después que ellas le retiraran la confianza al jefe de la Oficina Anticorrupción, Alfred Urbina.
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La consejera Torres explicó que la designación de este funcionario estaría mal hecha y no se habría respetado la Ordenanza 304 adecuadamente, sin embargo ellas lo ponen en manifiesto después de cuatro años que llevan de gestión.
«Su designación (de Alfred Urbina) estaba mal hecha, no era la correcta, no se ha respetado la ordenanza 304 como corresponde, pues el método correcto es a propuesta del Consejo Regional; eso es lo que buscábamos”, dijo.
Señalaron que se sienten acosadas por parte de los consejeros y funcionarios que estarían detrás de la información, ya que han solicitado se levante el secreto de las comunicaciones para profundizar las investigaciones en contra de estas dos consejeras.
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Cabe precisar que, Grecia Arriola tiene un proceso de investigación fiscal que se encuentra en etapa preparatoria y Torres que forma parte de un proceso fiscal en calidad de testigo.
«Me ponen en la investigación porque tengo conflicto de intereses, y no lo tengo, no me he beneficiado con algo, tengo las cosas claras de nuestra función, que es normativa y fiscalizadora”, indicó Torres.
Dijo que este tema ha sido «orquestado», ya que este proceso de investigación de las UGEL viene desde el 2017. «Estoy bastante indignada porque se habla de conflicto de intereses, nos acusan por algo que no existe”, dijo Torres.
Ambas dijeron no haber exigido, ni al gobernador regional o al exdirector de Educación Pedro Periche la designación de personal para estas UGEL, en referencia a Matilde Chiroque en la UGEL de Talara.
