La Contraloría General lamenta la sentencia emitida y publicada en el Portal Web por el Tribunal Constitucional que, en la práctica, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido o incurran en inconducta funcional, hecho que constituye una seria afectación a la lucha contra la corrupción y la impunidad administrativa.
Redacción
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El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional deja sin marco legal a esta Entidad Fiscalizadora Superior, y estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador por la Contraloría General.
“La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado, y que han sido comprendidos en los informes de control y sobre quienes se venían determinando responsabilidades administrativas con sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Con esta decisión los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) ya no podrán continuar”, explicó.
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“No solo se suspenderán los procedimientos en marcha y se desestabiliza el Procedimiento Administrativo Sancionador, lo más serio es que las infracciones por las inconductas funcionales atribuidas a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los informes de control emitidos y los que estén por emitirse, desaparecen. En resumidas cuentas, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas tal como de manera efectiva venía imponiendo la Contraloría”, puntualizó.
Por ende, no dudó en afirmar que “esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial”, refirió.
Por citar solo algunos ejemplos de obras públicas emblemáticas en donde la Contraloría demostró -como es de público conocimiento- actos de inconducta funcional y corrupción, quedarían sin sanción tras la decisión del Tribunal Constitucional:
- Etapa pre operativa del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco: Se detectó presunta responsabilidad administrativa PAS en 10 funcionarios (MTC, MEF Y OSITRÁN). Las irregularidades en la suscripción de la Adenda N° 1 podrían ocasionar un perjuicio económico de US$ 40.6 millones a valor presente, determinó un informe de la Contraloría.
- Tramo 2 del Metro de Lima. Cuya auditoría de cumplimiento identificó presunta responsabilidad PAS a 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) quienes habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.
- Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. (ESLIMP Callao) de la Municipalidad Provincial del Callao, cuyo resultado de dos auditorías de cumplimiento evidenció pagos de servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte en el Callo que NO SE BRINDARON, así como la aprobación, autorización y tramitación de servicios en forma irregular, ocasionando un perjuicio económico por cerca de S/ 60 millones; y donde se halló presunta responsabilidad PAS a 11 funcionarios.
