La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la contratación de una asesora de imagen en la Municipalidad Distrital de Castilla durante los años 2023 al 2025. El informe de control señala que la comuna permitió el inicio de labores de la proveedora Mirla Julissa Carrasco Tiburcio sin contar previamente con orden de servicio, certificación presupuestal ni inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), incumpliendo requisitos establecidos para contratar con el Estado.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 009-2026-2-2407-AOP, emitido el 15 de abril de 2026, la municipalidad intentó regularizar posteriormente la contratación mediante una resolución administrativa con eficacia anticipada. Para la Contraloría, este mecanismo habría sido utilizado de manera indebida con el fin de validar servicios que ya se encontraban ejecutados.
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El órgano de control también advirtió un posible conflicto de interés en el proceso de contratación. La única constancia de experiencia presentada por la proveedora fue firmada por el alcalde de Castilla, Walther Guerrero Silva, quien además figura como director y socio de la Academia Éxitus, entidad en la que la contratada habría laborado años atrás. Según el informe, este vínculo evidenciaría una decisión previa antes de realizar el respectivo estudio de mercado.
Asimismo, la Contraloría observó que entre 2024 y 2025 la comuna realizó pagos superiores a S/ 79 mil sustentados en informes considerados deficientes y genéricos, los cuales no detallaban productos entregados ni actividades concretas desarrolladas. Ante estos hallazgos, el ente de control concluyó que se vulneraron normas de contrataciones y manejo presupuestal, otorgando a la municipalidad un plazo de 20 días hábiles para adoptar las medidas correctivas correspondientes.
