Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado, como resultado de los servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.
“Tenemos que más de 1800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses de año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, comentó,
Durante su presentación, mencionó que este año se espera concretar más de 45 mil servicios de control, pero enfatizó que se necesita fortalecer más las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30 351 al 30 de setiembre.
“El 24% de las 53 131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24%) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.
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Asimismo, el titular de la Contraloría se refirió al control realizado a las medidas de prevención y gestión de riesgos ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño.
En ese escenario, precisó que, desde abril del presente año, el Poder Ejecutivo ha destinado S/ 4116.3 millones a financiar medidas para la gestión de riesgos de desastres y el nivel de ejecución total es de 13.5% al 5 de octubre, de los cuales a nivel del Gobierno Nacional se tiene un 11% de ejecución.
Frente a esta realidad, la Contraloría aprobó y puso en marcha su Plan de Control para la Gestión de Riesgo de Desastres que tiene cuatro objetivos: i) determinar si las entidades cuentan con planes específicos aprobados y actualizados, ii) determinar si el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) viene recopilando, elaborando y difundiendo oportunamente la información los peligros y amenazas en el proceso de estimación de riesgos, iii) establecer si las entidades públicas ejecutan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres, y iv) determinar si se están realizando las acciones y actividades que permitan una adecuada y oportuna atención de personas y rehabilitación de servicios afectados.