La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, una mujer de 34 años que residía en el caserío La Legua, en la región Piura. La sentencia fue notificada públicamente desde San José, en Costa Rica, y concluye que el Estado vulneró múltiples derechos fundamentales de la víctima y de sus familiares.
Según el tribunal internacional, el caso se produjo en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, política estatal que promovió esterilizaciones quirúrgicas masivas durante la década de 1990. La Corte determinó que Ramos Durand fue sometida a una ligadura de trompas bajo presión del personal de salud y sin un consentimiento válido.
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La resolución también establece que el Estado peruano incumplió con su obligación de investigar los hechos de manera diligente y oportuna. En ese sentido, el tribunal concluyó que se vulneraron derechos como la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, salud, familia e igualdad ante la ley.
De acuerdo con la sentencia, el caso de Ramos Durand no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal estructural que impulsó la esterilización de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La intervención quirúrgica a Ramos Durand derivó en una grave reacción alérgica. Posteriormente fue trasladada a la Clínica San Miguel, donde permaneció hospitalizada durante 19 días antes de fallecer el 22 de julio de 1997. Según el fallo, la familia no recibió información clara sobre las complicaciones médicas y tampoco se realizó una necropsia.
La Corte Interamericana concluyó que Ramos Durand fue una de las víctimas del programa estatal que, bajo el argumento de la planificación familiar, promovió la anticoncepción quirúrgica voluntaria mediante incentivos y presiones dirigidas principalmente a mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.
