El regreso del servicio militar obligatorio ha vuelto a generar controversia en el Perú. Ante el aumento de hechos delictivos atribuidos a menores, como el reciente caso del asesinato de un colectivero en Puente Piedra, surgen propuestas legislativas para restablecer esta medida. Sin embargo, las estadísticas oficiales plantean un panorama distinto: solo 1 de cada 100 delincuentes en el país es menor de edad, según datos del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Propuesta desde el Congreso
La congresista María Grimaneza Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, ha presentado la iniciativa legislativa titulada “Ley que establece el servicio militar obligatorio”. Este proyecto busca reformar la Ley 29248, conocida como la Ley del Servicio Militar, con el objetivo de reforzar la defensa nacional y reducir la delincuencia juvenil.
Según Acuña, “la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar generó un vacío en el control generacional, y esta propuesta busca recuperar ese equilibrio”.
Propuesta municipal desde Los Olivos
A esta iniciativa se suma un proyecto presentado por la Municipalidad de Los Olivos. Aprobada por su Concejo Municipal, la propuesta plantea implementar el servicio militar obligatorio como una medida social para la seguridad ciudadana.
En su carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el municipio especifica que esta medida estaría dirigida a jóvenes desempleados por más de 12 meses consecutivos. Según el documento, “es necesario coordinar con los gobiernos locales para combatir efectivamente la inseguridad ciudadana”.
Polémica y críticas
Aunque estas propuestas buscan soluciones para la inseguridad ciudadana, los críticos señalan que el problema principal no radica en los menores de edad, dado que representan menos del 9 % de los sentenciados por delitos. Además, hay cuestionamientos sobre la efectividad del servicio militar obligatorio para abordar las causas profundas de la delincuencia.
Expertos en sociología y criminología advierten que la medida podría ser insuficiente si no se acompañan de políticas que fomenten la educación, el empleo y el acceso a oportunidades para los jóvenes.