La decisión de una magistrada de dejar en libertad a Cristian Alexander Mija Antón, un sujeto con antecedentes penales y vinculado a varios delitos, ha desatado una ola de indignación en la población de la ciudad de Piura y en la Policía Nacional.
Mija Antón, quien se encuentra acusado por los delitos de “tenencia ilegal de armas” y “delito contra la fe pública”, fue capturado por la Policía tras un intento de huida, se le halló con un vehículo con placas clonadas y un arma de fuego. Además, se le vincula con cinco antecedentes penales y una serie de carpetas fiscales que reforzaban las sospechas sobre su comportamiento delictivo.
A pesar de esto, fue puesto en libertad, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad.
Por otro lado, en una decisión paralela, el General Farias informó, totalmente indignado, que un juez de la localidad de Catacaos dictó solo nueve meses de prisión preventiva para dos presuntos delincuentes, Pierre Alexander Vilca Rodríguez (alias “El Trujillano”) y Tomás Alexander Gutiérrez Farfán, lo que ha generado aún más desconcierto entre los ciudadanos.
“Es difícil entender cómo alguien con antecedentes tan graves puede quedar en libertad. Esto desmoraliza a la Policía Nacional, que diariamente arriesga su vida para mantener la seguridad en la ciudad. Hago un llamado para empujar el barco del mismo sentido. ¿Estamos del lado de la población o de la delincuencia?”, expresó el General PNP Manuel Farias Zapata, jefe de la Región Policial Piura.
En este contexto, las autoridades y la población se enfrentan a un dilema que parece no tener una respuesta sencilla. La preocupación por la seguridad sigue creciendo, mientras que las decisiones judiciales continúan siendo motivo de debate y reflexión.
