Ante el inicio del proceso de matrícula para el año escolar 2023, la Defensoría del Pueblo invocó a los nuevos 26 gobernadores regionales, a través de sus respectivas direcciones o gerencias regionales de Educación, para garantizar el logro de los aprendizajes y la reinserción de millones de estudiantes que se vieron afectados por el impacto de la pandemia del covid-19.
El pedido fue hecho a los 26 gobiernos regionales, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas a raíz de las supervisiones que se hicieron al proceso de educación a distancia en 179 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en el periodo 2020-2021, así como al retorno a clases presenciales en 234 instituciones educativas públicas durante el primer trimestre del 2022.
Además, se tuvo en cuenta la información brindada por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).
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De acuerdo con la información del Minedu, las regiones que presentan el mayor porcentaje de estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo son: Cajamarca (69 %), La Libertad (59.1 %), Amazonas (59 %), Piura (58.2 %), San Martín (56.5 %), Madre de Dios (52.7 %) y Áncash (52.6%).
Brechas de aprendizaje
Con relación a la brecha de aprendizajes, según la información proporcionada por el sector, uno de cada cuatro estudiantes de nivel primario y cuatro de cada 10 estudiantes de nivel secundario no alcanzaban los aprendizajes esperados a fines del 2021. Para la institución, esta situación podría haberse agudizado al cierre del año escolar 2022 al no contarse con información oficial reciente.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo, a través de comunicaciones dirigidas por sus representantes a las nuevas autoridades regionales, incluida Lima Metropolitana, en las que se precisó que la salida de un niño o adolescente del sistema educativo constituye un grave problema de derechos humanos, por lo que cada gobierno regional debe establecer estrategias oportunas e incentivos para lograr la reinserción al sistema educativo de estudiantes que, por diferentes razones, abandonaron sus estudios en el periodo 2020-2021.
Se recordó el deber de los gobiernos regionales de garantizar la disponibilidad de infraestructura segura, salubre y adecuada a los requerimientos del proceso de aprendizaje, al advertir que las regiones más críticas en lo que concierne a la demanda de construcción por sustitución total de infraestructura educativa son: Cajamarca, con 4526 locales escolares; Puno, con 2507; y Cusco, con 1924 planteles.
En segundo lugar se ubican Junín, Áncash y Ayacucho, que sobrepasan los 1700 locales escolares que deben ser construidos en su totalidad.
Regiones con menor tasa de colegios saneados
Se advirtió a las direcciones o gerencias regionales de Educación y UGEL respecto del saneamiento físico-legal de inmuebles educativos, y precisó que las regiones con la menor tasa de locales escolares saneados son: Loreto (7.3 %), Pasco (14.1 %), Ucayali (15.1 %), Huánuco (16.25 %), Junín (18.5 %) y Lima Provincias (19.8 %).
En la comunicación dirigida a las nuevas autoridades regionales también se refirió la importancia de adoptar acciones orientadas a recuperar el bienestar emocional y mental de los estudiantes al advertir que la cuarta parte de los casos de violencia escolar reportados en el portal SíSeve, desde su creación en setiembre del 2013 hasta noviembre del 2022, ocurrieron en el periodo 2020-2022, es decir, en los años de la pandemia; Lima Metropolitana, Piura y Arequipa fueron los ámbitos territoriales con mayores registros.
“Es fundamental que las autoridades de los gobiernos regionales adopten medidas urgentes y destinen presupuesto necesario para garantizar la restitución del derecho fundamental a la educación de millones de estudiantes, en particular, respecto al logro de aprendizajes y la reinserción de estudiantes que salieron del sistema educativo”, remarcó.
FUENTE AGENCIA ANDINA
