Un grave cuestionamiento recae sobre la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) tras conocerse que el profesor J. H. C. M., actualmente investigado por acoso agravado a menores, fue reasignado al colegio Nuestra Señora de Fátima, institución conformada mayoritariamente por adolescentes mujeres.
El traslado, ejecutado el 9 de septiembre de 2025, fue autorizado mediante resolución firmada por el director regional Charly Gonzales Rojas, pese a que el Ministerio de Educación (MINEDU) prohíbe expresamente este tipo de movimientos cuando el docente se encuentra bajo proceso penal o medida preventiva.
Denuncia fiscal y proceso judicial
De acuerdo con la investigación, el profesor enfrenta un proceso en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, acusado de acosar a dos estudiantes de 15 y 16 años del colegio Túpac Amaru de Frías.
Según la Fiscalía, las adolescentes habrían recibido mensajes vía WhatsApp, además de haber sufrido conductas intimidatorias dentro del plantel, hechos que configurarían el delito de acoso agravado en los términos del artículo 151-A del Código Penal.
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El 27 de agosto, la directora del colegio Túpac Amaru informó a la UGEL Chulucanas la separación preventiva del docente, medida que lo inhabilitaba automáticamente para participar en cualquier proceso de reasignación. Sin embargo, menos de tres semanas después, se aprobó su traslado al colegio Nuestra Señora de Fátima, donde el riesgo de reincidencia resulta aún mayor.
La norma vulnerada
La RVM N.º 042-2022-MINEDU, que regula la reasignación docente, establece de manera explícita que profesores con investigaciones disciplinarias o medidas preventivas no pueden acceder al beneficio de traslado.
En este caso, la norma habría sido ignorada por la Dirección Regional de Educación de Piura, lo que abre la puerta a un eventual proceso administrativo y penal contra los funcionarios responsables.
Silencio en la DREP
Noticias Piura 3.0 buscó la versión del área de Imagen de la DREP para conocer los motivos que sustentaron la resolución, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta.
La decisión ha generado alarma entre padres de familia y colectivos de protección infantil, quienes advierten que se trata de una “grave negligencia institucional” que expone a nuevas estudiantes a un riesgo innecesario.
