Su rechazo a la suscripción del contrato entre la empresa minera Buenaventura y ProInversión para la ejecución del proyecto hídrico minero El Algarrobo, expresaron esta mañana los representantes del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito del distrito de Tambogrande, las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto.
Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió al gobierno que respete la decisión expresada hace más de 20 años en la consulta que decidió a la agricultura como su forma de desarrollo, y acusó a la presidenta de intentar imponer a la fuerza el proyecto.
“Esta dictadura pretende poner a la fuerza lo que no quiere el pueblo de Tambogrande, basta ya de atentar contra el pueblo de Tambogrande. Desconocemos como presidenta a (Dina) Boluarte, desconocemos lo que haga, firme, y toda acción que pretenda realizar”, dijo el dirigente.
Por su parte, Enargio Maza, vicepresidente del Frente y, según dijo, representante de la Comunidad Apóstol San Juan de Locuto, denunció que supuestamente el gobierno estaría condicionando las obras de desarrollo que necesitan los habitantes de la comunidad, a cambio de conceder la licencia social para el proyecto.
A su turno, Santos Castillo Montalbán, presidente de la Federación regional de las Rondas y Comunidades Campesinas, al tiempo de rechazar lo que llamaron la imposición de proyecto, coincidió con el titular del frente y calificó la suscripción del contrato como una declaratoria de guerra, y que expresarán a través de marchas y recursos legales, su oposición al proyecto.
Como se sabe, El Algarrobo, promovido por ProInversión, es un proyecto para la exploración, explotación polimetálica mediante una mina subterránea en una zona ubicada en la margen izquierda del río Piura, en la comunidad de Locuto, distrito de Tambogrande. Además, contempla el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica.
