Ha pasado más de un año desde que ocurrió el fenómeno El Niño costero y, según un informe de la Contraloría General de la República, a la fecha solo se ha entregado S/2’500.000 de un presupuesto de S/72 millones asignado –a través del programa Bono 500– a los damnificados cuyas viviendas colapsaron o quedaron inhabitables por el fenómeno climático.
Redacción
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El dinero está destinado al alquiler de viviendas temporales para los afectados. De acuerdo a un informe de auditoría, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento “no viene asignando los recursos financieros al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) para realizar las visitas de inspección a las viviendas que han sufrido daños, retrasando su oportuna ejecución, generando el riesgo de que no se brinde la atención inmediata […] a los potenciales beneficiarios de la ayuda económica”.
El documento también indica que se ha identificado un 18,04% de filtración de beneficiarios que no cumplen con los requisitos del programa.
Dinero en vez de módulos
En noviembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió el Decreto de Urgencia 014–2017 con la finalidad de entregar un subsidio mensual de S/500 para los damnificados cuyas viviendas quedaron inhabitables. El programa está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
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Carlos Bruce, ministro de Vivienda en ese período, implementó el Bono 500 y tras las críticas de los damnificados, debido al material utilizado en los módulos temporales, así como por la demora para la instalación de las viviendas decidió reemplazar las casas temporales por dinero en efectivo destinado al arrendamiento de viviendas.
“De esos S/72 millones, verificamos que S/57 millones fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda a Mivivienda, que es la que finalmente paga para que se haga todo el proceso. Sin embargo, Cofopri nos señala en ese momento que a ellos no les habían transferido los recursos necesarios para desarrollar sus actividades, especialmente las inspecciones físicas”, afirmó el gerente de Control de Megaproyectos de la contraloría, Luis Alonso Roba.
Esta información fue corroborada por El Comercio, que visitó a algunas de las familias que figuran en la lista de beneficiarios del Ministerio de Vivienda. Encontrando en Piura que varias de ellas tenían incluso más de una propiedad y que la mayoría usaba el beneficio económico para gastos personales.
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También constataron que quienes sí necesitaban la ayuda económica y cumplieron con empadronarse en Cofopri todavía no reciben el bono, debido a problemas de gestión en el Ministerio de Vivienda. Tal es el caso del caserío de Santa Rosa, en Piura donde solo 23 familias han recibido el Bono 500, cuando la mayoría necesita este subsidio. Algunas se han visto obligadas a alquilar inmuebles en condiciones precarias.
La respuesta de Cofopri
Cofopri aseguró que para supervisar y visitar las viviendas colapsadas se necesita un presupuesto que debía ser entregado por el Ministerio de Vivienda, pero que este no se concretó. La entidad sostiene que no les han dado los recursos logísticos y operativos para que ellos puedan trasladarse al lugar de los hechos.
De acuerdo a la institución, el ministerio cuenta con un presupuesto de S/57 millones para ser destinados a los bonos, los cuales han sido transferidos en su totalidad al Fondo Mivivienda, entidad encargada del desembolso. El monto cobrado a la fecha es de apenas de S/2’500.000, que corresponden a las 2.110 familias damnificadas que cumplen con todos los requisitos para acceder a este programa.
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Cofopri tiene en lista de espera 24.593 solicitudes de potenciales beneficiarios que no perciben el Bono 500. Reconoce también que existen filtraciones. “A la fecha se han retirado 230 beneficiarios del programa por no cumplir con los requisitos del mismo”, indican en un comunicado.
En diciembre concluye el programa que fue diseñado para ayudar temporalmente a todas aquellas familias que se quedaron sin vivienda en 47 distritos de las siete regiones afectadas. Sin embargo, como lo señala el informe de la Contraloría, no se cumple el objetivo de esta política pública. Al final, los damnificados no reciben ni viviendas temporales ni bonos.
Fuente: El Comercio