La segunda pregunta del referéndum del 9 de diciembre tiene que ver con el financiamiento de los partidos, considerado por los analistas como un tema clave a la luz de los procesos judiciales que vienen afrontando personajes como Keiko Fujimori y Ollanta Humala por el presunto dinero ilícito en el financiamiento de sus campañas.
Redacción
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Si la población decide votar mayoritariamente por el sí ante la pregunta «¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?», en la Constitución quedará establecido que será materia de sanción penal (delito) el financiamiento ilegal y los partidos quedarán prohibidos de contratar directamente avisos en radio y televisión en la campaña electoral.
La reforma implica el marco legal general y después del referéndum el Congreso tendrá la responsabilidad de adecuar estos cambios, por ejemplo, en el Código Penal, incluyendo la sanción penal por el financiamiento ilegal e incluso la ONPE tendrá que hacer cambios en su reglamento.
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El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, lamentó que los diferentes congresos se hayan resistido a tomar decisiones que impidan que el dinero de fuente ilícita siga financiando las campañas, y por eso fue una buena iniciativa del presidente Martín Vizcarra incluir en el referéndum la reforma que regula el financiamiento de las organizaciones políticas.
«La norma que va a ser puesta en consulta no es completa, pues hay varios aspectos que se deben precisar después. Sin embargo, establecer que recibir dinero para la campaña y no declararlo es delito, ya es un avance importante», declaró.
Consideró crucial también que se hayan establecido topes en la publicidad de campañas. «Los gastos más altos en las campañas es el publicitario en medios radiales y televisivo. Al poner límites con el uso de la franja electoral, se quita el estímulo para la inyección de dinero ilícito», apuntó.
Fuente: La República