La reciente decisión de Estados Unidos de catalogar a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas ha encendido las alertas en América Latina. El caso ecuatoriano, marcado por el crecimiento de la violencia letal y la consolidación de estructuras criminales transnacionales, se presenta como una advertencia para países como Perú, que registra un incremento sostenido de delitos vinculados al narcotráfico y redes ilícitas.
En entrevista con Canal N, el exministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata Silva, analizó la situación y lanzó recomendaciones a las autoridades peruanas basadas en su experiencia en un país que atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia.
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“El Ecuador se ubica al norte con el principal productor mundial de coca, lo que lo convierte en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia otros mercados. Al sur, el problema se agrava con el tráfico de armas, municiones y explosivos. A esto se suma el uso del dólar como moneda oficial, que facilita operaciones ilícitas y multiplica la capacidad financiera de las mafias”, explicó Zapata.
El exministro alertó que Perú tiene que actuar con determinación antes de que la violencia llegue a niveles parecidos a los de Ecuador, país donde en julio se contabilizaron más de cinco mil cuatrocientas muertes violentas. De acuerdo con sus cifras, si la tendencia persiste, su país podría terminar el año con una tasa de más de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual tendría un impacto negativo en la imagen internacional, la economía y el turismo.
Entre sus recomendaciones, destacó la necesidad de fortalecer el bloque de seguridad, fuerzas armadas y policía nacional mediante mayor inversión en logística, tecnología y recursos operativos. “Sin un aparato de seguridad robusto, el Estado pierde capacidad de respuesta frente a estructuras criminales altamente sofisticadas”, afirmó según Infobae.
En el plano legal, Zapata insistió en que Perú debe anticipar la aprobación de normas más severas contra el lavado de activos, el financiamiento de la violencia y la corrupción institucional. “La impunidad es un incentivo para el crimen. Acá hemos visto incluso asambleístas trabajando para las mafias. La política no puede convertirse en un blanco fácil”, puntualizó, aludiendo a los casos judiciales que revelaron la complicidad de figuras públicas en Ecuador.
