La inseguridad ciudadana no solo impacta en las familias, también golpea la economía nacional. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la delincuencia tiene un costo equivalente al 1.7 % del Producto Bruto Interno (PBI), afectando sobre todo a las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), delitos como la extorsión se han multiplicado en los últimos años. Esto obliga a muchos negocios a destinar parte de sus recursos en seguridad privada, en lugar de invertir en innovación o empleo.
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La especialista explicó que los comerciantes deben adquirir cámaras de vigilancia, alarmas, rejas y controles de acceso, lo que genera gastos adicionales que reducen su capacidad de crecimiento. Estos recursos, señaló, se pierden en el intento de protegerse de las amenazas.
Muñoz-Nájar advirtió también que la precariedad institucional agrava el problema. La falta de comisarías, el déficit de personal y un sistema de denuncias poco eficiente limitan la capacidad de respuesta policial. Mientras no se fortalezcan las capacidades del Estado, el país seguirá perdiendo competitividad frente al avance del crimen.
