La fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas y extorsión debido a su labor en la investigación contra la organización criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”.
Según relató, los delincuentes le exigieron apartarse del caso bajo amenazas directas contra su vida y la de su familia. La fiscal informó que el 17 de octubre fue contactada por presuntos integrantes de la banda “Los Pepes”, liderada por un sujeto conocido como “El Colocho”, quienes le advirtieron que debía dejar la investigación.
“Dicha persona (‘El Colocho’) me amenaza de atentar contra mi integridad si yo no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan de Lurigancho y, específicamente, me aparte del caso Los Chukys, que he seguido contra Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones, Francisco Lara Narváez, Giovanna Lara Quiñones, Sabrina Álvarez Ríos y Vita Lara Narváez”, expresó Haro Pinto en una declaración pública.
Prisión preventiva
La investigación, dirigida desde el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, abarca delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a organización criminal. Gracias a las diligencias del Ministerio Público, se logró la detención preliminar y el allanamiento de seis viviendas, resultando en la captura de siete personas.
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El Poder Judicial declaró fundada la prisión preventiva por 18 meses para los presuntos integrantes de la organización, medida que continúa vigente.
“Denuncio públicamente que, de sucederme cualquier situación o atentado contra mi persona o mi familia, responsabilizo directamente a los procesados de este caso”, advirtió la fiscal en un video difundido en redes sociales.
¿Quiénes son “Los Chukys de Juan Pablo II”?
El 26 de marzo de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo en San Juan de Lurigancho que permitió la captura de los presuntos miembros de esta organización criminal familiar dedicada a la extorsión de empresarios, transportistas y colegios particulares.
De acuerdo con el general PNP Zenón Loayza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), los detenidos intimidaban a sus víctimas para cobrarles “cuotas” a cambio de no ser atacadas o recibir supuesta “protección”. Las exigencias económicas superaban los S/ 10 mil como primera cuota, que debía depositarse en cuentas bancarias proporcionadas por los extorsionadores.
