La fiscalía abrió una nueva investigación contra Juan José Santiváñez, que también involucra a la presidenta Dina Boluarte. Según la tesis fiscal, Santiváñez habría gestionado la creación de un arraigo laboral para Nicanor Boluarte Zegarra, a solicitud expresa de la mandataria, buscando evitar que fuera detenido en investigaciones judiciales abiertas en su contra entre agosto y septiembre de 2024.
De acuerdo con el documento judicial, el estudio jurídico Tenorio Abogados & Asociados, dirigido por Percy Alberto Tenorio Gamonal, y el empresario Franco Parodi Gianella habrían planeado recuperar la mina “El Dorado” y sus filiales Agripina 1 y Agripina 2, contando con la participación de Santiváñez. Para ello, habrían acordado un operativo policial alegando un supuesto delito ambiental, a cambio de 60 mil dólares, monto que luego se habría elevado a 100 mil, y del arraigo laboral para Nicanor Boluarte.
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Según información difundida por Infobae, Tenorio habría solicitado a Parodi Gianella y a Gianfranco Meza Lizier, financista de la mina, el pago de los 60 mil dólares y la colaboración en gestiones presuntamente ilícitas para generar impunidad a favor del hermano de la presidenta. Las visitas de Boluarte Zegarra al estudio jurídico, registradas siete veces entre enero y febrero de 2025, habrían sido parte de la estrategia para darle “credibilidad” al arraigo laboral, aunque sin evidencia de actividad real en la empresa minera.
El expediente detalla que la primera visita de Boluarte Zegarra tuvo lugar el 23 de enero de 2025, tras la revocatoria de una orden de prisión preventiva en su contra. La fiscalía continúa investigando la estructura de este presunto entramado y la participación de los implicados en posibles delitos de corrupción y tráfico de influencias.
