Funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña Peralta, aprobaron desde el Congreso la pensión vitalicia de 15,600 soles que recibe Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló que este beneficio fue otorgado durante la gestión del entonces presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes (APP), investigado por delitos relacionados con una presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fujimori solicitó el 29 de abril al Congreso una pensión económica, además de auto, combustible y guardaespaldas, a pesar de su deuda por reparación civil de 57 millones de soles. El 3 de mayo, la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, liderada por José Rubio Preciado, concluyó que el requerimiento “resultaría procedente”.
Rubio Preciado, quien había trabajado en el Gobierno de La Libertad bajo la gestión de Luis Valdez Farías (APP), no pudo explicar el sustento legal de su recomendación. Justificó su decisión argumentando que «el indulto suprime la pena impuesta», una interpretación que el abogado penalista Andy Carrión calificó como «falsa».
Rubio Preciado solo laboró tres meses como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo con un salario de 19,176 soles, y fue destituido diez días después de recomendar la pensión para Fujimori. El reportaje sugiere que fue contratado exclusivamente para realizar el informe legal.
El sello final de la aprobación fue firmado por Haidy Janette Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos y militante de APP desde 2014. El 10 de mayo, William Federico Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, autorizó el desembolso de 156,000 soles para cumplir la medida en 2024. Alcántara Infantes es doctor en Gestión Pública por la Universidad de César Vallejo y exasesor del excongresista Richard Acuña Núñez.
El Congreso no anulará la autorización de la pensión vitalicia. El artículo 2° de la Ley N.º 26519 establece que el derecho a pensión queda en suspenso para expresidentes acusados constitucionalmente, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Andy Carrión enfatizó que el indulto implica la extinción de la pena, pero no de la sentencia condenatoria.
El nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que no revertirá la situación: “Si hay una decisión tomada por los organismos competentes con la opinión de Asesoría Legal, Técnica y Financiera, tengo que respetar esa decisión”.
