Tras las declaraciones de algunos consejeros, quienes cuestionan la no designación del secretario del Consejo Regional y de la Oficina Regional Anticorrupción, el gerente general regional, Jesús Torres Saravia, indicó que, si bien está en manos del gobernador regional, Servando García Correa, la designación de los mismos, no cumplía con el perfil.
Redacción
prensa@noticiaspiura30.com
El funcionario manifestó que cuando les llegó la propuesta de dos personas para ocupar ambos cargos, se determinó tras un análisis que uno de ellos no cumplía con los requisitos del MOF, por lo cual se regresó la propuesta a dicho órgano.
“Hace unos 20 a 25 días ha regresado el pedido (del Consejo Regional) para determinar el cargo del secretario anticorrupción, lo cual está en evaluación”, indicó.
| LEER MÁS >>> Comisión Anticorrupción espera respuesta inmediata de casos de corrupción en Piura
Al margen de esto, dejó en claro que a la fecha sí existe un secretario técnico anticorrupción (José Martínez Gómez) que cumple con su trabajo y atiende las denuncias. Por lo que no hay ningún caso paralizado. Prueba de lo cual es que a su despacho le llegan informes con copias sobre investigaciones en el Peihap, en la Drep y Diresa.
“Tengan por seguro y lo digo en forma tajante que el gobernador no pondrá a nadie de su confianza, sino a gente idónea y transparente”, alegó.
Con respecto al caso del director regional de Educación, Fabriciano Cunya, envuelto en un caso de presunto tráfico de influencias, Torres indicó que en la fecha el aludido ingresaría su documento de descargo, ante lo cual correspondía “informar al gobernador lo que pasa con los documentos, audios y exposición concretas para que la autoridad tome una decisión con los elementos de juicio necesarios”.
Estimó que la decisión por parte del gobernador no pasa de la próxima semana. “Hoy se presenta el informe escrito, el gerente regional de Desarrollo Social emitirá su informe final donde determinara la gravedad de los hechos y las recomendaciones del caso”, acotó.
“No se va a defender ni blindar a nadie, si alguien es responsable se va a su casa, si alguien tiene una responsabilidad administrativa, civil o penal será de conocimiento de todas las autoridades”, exclamó.
Finalmente, manifestó que para anular el contrato CAS en Educación cabe un procedimiento previo, “más aun cuando los 200 que postularon y ganaron han firmado sus contratos, no queremos medidas cautelares que después reingresen por no respetar el derecho al debido proceso y a la defensa”
