El primer ministro Ernesto Álvarez anunció que el Ejecutivo declarará en estado de emergencia la ciudad de Lima, tras las violentas manifestaciones del 15 de octubre que dejaron 120 heridos y la muerte de un ciudadano. La medida, según indicó, busca restablecer el orden público y será acompañada de un conjunto de acciones concretas que el gabinete viene evaluando en sesión permanente.
Durante una conferencia de prensa, Álvarez explicó que la declaratoria no será “una medida gaseosa” ni una reacción improvisada. Afirmó que el Gobierno trabaja en un paquete integral de disposiciones que será presentado en las próximas horas, con el fin de abordar tanto la crisis social como los problemas de seguridad que enfrenta la capital.
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El premier tampoco descartó la posibilidad de imponer un toque de queda, aunque precisó que su aplicación dependerá de la evidencia técnica que demuestre su efectividad. “Tendría que probarse que es una medida realmente útil, considerando que la criminalidad ya no responde solo a la nocturnidad”, señaló.
La declaración de emergencia implica la suspensión temporal de derechos constitucionales, como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Organismos de derechos humanos han advertido que esta medida podría derivar en detenciones arbitrarias y abusos de autoridad si no se aplican los debidos controles.
