Las encuestas de intención de voto han vuelto a colocarse en el centro del debate electoral, no solo por los resultados que difunden, sino por las dudas sobre su credibilidad, transparencia y fiscalización. Así lo sostuvo Fernando Huamán, profesor de Opinión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), durante el II conversatorio “Hablemos sobre temas electorales”, realizado en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Durante su exposición, Huamán señaló que el problema central no es la existencia de encuestas, sino la poca confianza que hoy generan en la ciudadanía, especialmente cuando se registran cambios bruscos en las preferencias electorales sin hechos políticos relevantes que los expliquen. “Si no ha ocurrido un hecho político destructivo, los cambios de tendencia no pueden ser abruptos; cuando lo son, es legítimo preguntarse qué está pasando”, afirmó.
El especialista recordó que en procesos electorales anteriores se observaron variaciones drásticas en los sondeos a pocos días de los comicios, sin que mediara un escándalo, debate decisivo o acontecimiento de alto impacto. En ese sentido, subrayó que las opiniones del electorado suelen modificarse de manera progresiva y no repentinamente.
Limitada fiscalización del JNE
Uno de los puntos más críticos abordados por Huamán estuvo relacionado con la capacidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para fiscalizar el trabajo de las empresas encuestadoras. Según explicó, el sistema actual no permite verificar con certeza dónde se realizó el trabajo de campo ni si se cumplió con la distribución geográfica consignada en las fichas técnicas. “Hoy no existe una herramienta que permita comprobar si las encuestas se hicieron realmente donde se declara”, advirtió.
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El docente, quien también dirige el Centro de Opinión Pública (CIOP) de la UDEP, cuestionó que la fiscalización sea principalmente formal y no sustantiva. “El JNE valida coherencias internas, pero no puede auditar el trabajo de campo, lo que deja un vacío importante en términos de transparencia”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de mayor digitalización y control efectivo.
Proliferación de encuestas sin registro
Otro aspecto que genera preocupación es la difusión de encuestas no registradas, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, que circulan sin supervisión ni estándares mínimos. Huamán alertó que este fenómeno distorsiona la conversación pública y puede influir indebidamente en el electorado.
En ese contexto, explicó que varios medios tradicionales han optado por reducir o eliminar la publicación de encuestas, debido a los altos costos que implica realizarlas con rigor técnico y al riesgo reputacional. “El vacío que dejan los medios formales está siendo ocupado por actores digitales sin controles claros”, indicó.
Finalmente, Huamán advirtió que estas debilidades se presentan en un país con alta desconfianza institucional y un electorado mayoritariamente indeciso, lo que amplifica el impacto de información poco confiable. “En una democracia frágil, encuestas sin credibilidad pueden influir más de lo que deberían en la decisión de voto”, concluyó.
