Un estudio realizado por Ipsos revela que el 70% de peruanos considera que la minería ilegal será una de las principales fuentes de financiamiento en la próxima campaña electoral. Además, el 82% de los encuestados señala que esta actividad ilícita ya tiene una fuerte influencia en el Congreso y en los Gobiernos regionales.
Expertos como el abogado ambientalista César Ipenza advierten que existe una bancada multipartidaria en el Parlamento que promueve normas en favor de la minería ilegal. También se ha señalado la influencia de esta actividad en el actual gobierno, que ha prorrogado la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y trabaja en una nueva ley que podría facilitar su continuidad.
Leer más>>> Gabriel Madrid: “General Farías ya perdió el norte y debe irse a su casa”
En regiones como Piura, la situación es alarmante. Según la Policía Nacional, la minería ilegal moviliza alrededor de 900 toneladas de oro al año, especialmente en distritos como Tambogrande, Las Lomas y Suyo. Esta actividad ha ganado terreno rápidamente, generando preocupación por sus vínculos con el lavado de activos, trata de personas y contrabando.
El jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías, también expresó su preocupación por el escaso control en la frontera con Ecuador, lo que facilita el avance de estas operaciones ilegales. La minería ilegal se consolida así como un actor de peso, no solo económico, sino también político, en varias regiones del país.
