Mientras que la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba el muy cuestionado informe final “con cargo a redacción” sobre la moción 7565, que propone la remoción de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los magistrados decidieron defenderse. Es así que el mismo día decidieron recurrir a instancias judiciales y plantearon una demanda de amparo en contra del Legislativo.
El documento fue presentado de manera física ante la Tercera Sala Constitucional del Poder Judicial y en él se encuentran consignados los siete jueces que integran la Junta Nacional del Congreso: Imelda Tumialan Pinto, Aldo Vásquez Rios, Henry José Avila Herrera, Luz Tello de Ñeco, Humberto de la Haza Barrantes, y Guillermo Thornberry Villarán.
La demanda de amparo muestra al Congreso de la República, así como al procurador designado en este caso, como demandados. Ello, en respuesta a las graves acciones que fueron inicialmente impulsadas por la congresista Patricia Chirinos y posteriormente refrendadas por la Comisión de Justicia, que ese mismo miércoles aprobó el informe final que buscaba su remoción entre críticas y cuestionamientos, en una acción que ha sido considerada por expertos como un abuso de las funciones legislativas.
LEER MÁS>>>CIDH expresa preocupación por giro en investigación parlamentaria a la JNJ
Esta acción de amparo buscaría que se respete la institucionalidad de la JNJ, que, de terminar siendo removida por el Legislativo, constituiría un grave atentado al sistema de Justicia y, por añadidura, al sistema electoral peruano. El documento ya se encuentra a la espera de ser admitido por el Poder Judicial y está asignado al magistrado Ricardo Tacuche Mesía, especialista legal a cargo en este caso.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirmó que «Ese proceso que se ha seguido en el Congreso es ilegal e inconstitucional por ausencia de un procedimiento preestablecido, cosa que se ha confirmado una y otra vez. Ahora, no sabemos cuáles serán los siguientes pasos, no sabemos si se nos va a dar cuenta a nosotros del informe para ejercer nuestro derecho a la defensa. No hay procedimiento«.