En los últimos años son numerosas las denuncias de corrupción y casos de irregulares gestiones de intereses en perjuicio del Estado. Estas malas prácticas han sido evidenciadas en diversas modalidades, como, por ejemplo, transferencias y pagos “fantasmas” que afectan seriamente la administración de los fondos públicos. Dichas modalidades demandan mejores herramientas y un mayor acceso a información para fiscalizar y detectar la mala actuación de quienes manejan estos recursos, informó la Contraloría General.
Las normas vigentes limitan actualmente al Sistema Nacional de Control el acceso a la información relevante de las transacciones financieras de funcionarios y servidores públicos que manejaron indebidamente fondos del Estado, es decir, el destino del dinero mal habido.
Urge entonces la aprobación de la reforma constitucional que permita a la Contraloría General solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de aquellos funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado y que estén inmersos en una investigación y acción de control. Dichas medidas se adoptarán de acuerdo a ley y con una decisión debidamente motivada.
Confiamos en que el Congreso considerará la importancia de aprobar la segunda votación de esta importante reforma constitucional que permitirá luchar de manera eficaz contra la corrupción y la inconducta funcional.