El titular del Tribunal Constitucional (TC) demoraría entre tres a cuatro meses para resolver las demandas de inconstitucionalidad que se vayan a presentar contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, según Ernesto Blume, titular de esta entidad.
Redacción
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Blume explicó que el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad tiene plazos contados en días hábiles, por eso estima un pronunciamiento final en cuatro meses como máximo, informa Andina.
De acuerdo a la normativa del Tribunal Constitucional, cuando se recibe la demanda esta cuenta con un plazo de diez días para evaluar su admisibilidad. De encontrarse un error, el texto es devuelto para que sea modificado. Una vez admitida la demanda, el TC informará al Congreso de la República esta acción a fin de obtener una respuesta. Este proceso tiene como máximo treinta días de demora.
Tras superar esta etapa, el organismo convoca a una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes. La decisión final se puede saber en dicha cita o dejada al voto.
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Ernesto Blume mencionó que, de llegarse a presentar varias acciones en contra de la denominada “Ley Mordaza”, estas serían acumuladas para agilizar el proceso.
Tras la aprobación de la ley en el Congreso de la República, el Ejecutivo anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad, al considerar que dicha norma afecta el derecho de la población al estar informada sobre temas relacionados con el accionar del Estado.
Acción de Inconstitucionalidad
Según la Constitución Política, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el Presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, y el 25 por ciento del número legal de congresistas.
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Igualmente, 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales, y los colegios profesionales en materias de su especialidad.
Fuente: Andina
