Luego de siete días de audiencia, la jueza Gladys Quiroga dictó 20 meses de prisión preventiva para los presuntos miembros de la organización criminal Los Ilegales de Piura.
La lectura de la resolución se inició hoy al mediodía ante la expectativa por conocer la decisión de la magistrada que desde el último miércoles escuchó los argumentos de la fiscal Fany García y de los abogados defensores de los 13 implicados.
Quiroga acogió el requerimiento, pero no los 36 meses solicitados por la Fiscalía para algunos de los integrantes. De esta manera, ordenó la medida para el presunto cabecilla el abogado Luis León, quien está recluido en el penal por otro caso.
También la medida alcanza a la médico Adelina Flores Castillo, Luis Ordinola Gutiérrez, Ernesto León Sánchez y los trabajadores del Poder Judicial Jorge Guerrero Marchan y Francisco Pacherres Siancas por los delitos de asociación Ilícita para delinquir agravada en concurso con delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude procesal, falsedad ideológica y expedición de certificado médico falso.
En tanto que nueve meses de prisión preventiva para Jhon Paulo Cabrera Frías y comparecencia restringida para: Mariela Gastelu Viera, Zully Castro Navarro y el suboficial PNP Robert Huaman Tineo, por presuntamente incurrir en delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias, tras haber sido vinculados a la organización como clientes o usuarios. En el caso de Juana Isabel Rivas Miranda, la magistrada ordenó su libertad.
Quedando aún pendiente, para esta investigación, la situación juridica de Jorge León Robles, quien ya se encuentra con mandato de prisión preventiva en establecimiento penitenciario de Piura, ex penal Rio Seco, por otro proceso.
Como se recuerda ellos fueron detenidos de manera preliminar la madrugada del pasado 30 de septiembre en el operativo que contó con la participación de veintidós fiscales especializados de Piura, Tumbes, Lambayeque y la Libertad a cargo del equipo II de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Piura, junto a efectivos de la Dirección Nacional contra la Corrupción y personal de la División de Inteligencia Macroregional Piura, con el apoyo de cerca de 250 efectivos policiales de la Primera Macro Región Policial Piura.
Tras escuchar la resolución judicial, la representante del Ministerio Público Fany García Caro indicó en audiencia que la Fiscalía fundamentará en el plazo de ley la apelación a esta resolución, en el extremo de las comparencias con restricciones otorgadas a los cuatro presuntos clientes de esta organización.
LA OPERACIÓN
En total cayeron 17 personas, entre ellas cinco presuntos miembros de la agrupación delictiva y otros 12 considerados como clientes o usuarios de esta banda. Todos ellos son investigados por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada, cohecho, tráfico de influencias, fraude procesal, obstrucción a la justicia, falsedad ideológica, entre otros.
Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Piura son el secretario judicial Jorge Guerrero Marchan y el asistente jurisdiccional Francisco Pacherres Siancas. De acuerdo con la investigación fiscal, estos servidores eran el nexo para que la banda logre beneficios para los demás miembros que habían sido procesados o para terceros.
Según las interceptaciones telefónicas, Guerrero y Pacherres habrían coordinado directamente con el cabecilla de la organización el abogado Luis Alberto León More, quien actualmente está preso en el penal de Piura por su posible implicancia en la red criminal Los Injertos del Comandante Mela.
“Ratero, cuándo me piensas pagar”, le dice Guerrero a León y este le responde: ya pues, vente pa´ darte mañana esa quina y las 5 lucas pal´ tío. En otro momento el abogado continúa: te voy a dar mil por tu trabajo, oe, solamente por robar te voy a dar mil.
Durante el allanamiento fueron detenidos la médico Adelina Flores Castillo, quien habría facilitado la expedición de certificados falsos, y el suboficial Roberth Huamán Tineo. También fue capturado Marlon Pesaressi Rivas, alias chaca, incluido en el programa de los más buscados. Por su paradero, el Ministerio del Interior ofrecía S/20 mil de recompensa.