La empresa Minera Poderosa alzó su voz ante el Congreso de la República tras confirmarse el asesinato de 13 trabajadores de la compañía R&R, previamente secuestrados en la provincia de Pataz, región La Libertad. En un contundente comunicado, la minera responsabilizó al actual sistema de formalización minera por permitir el avance de la minería ilegal y pidió al Estado replantear su estrategia frente a la creciente criminalidad en zonas mineras.
“El asesinato de estos 13 colaboradores da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilegal del país”, advirtió Minera Poderosa. En su pronunciamiento, la empresa señaló que las reiteradas extensiones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —el más reciente aprobado en diciembre de 2024 mediante la Ley 32213— han protegido a actores que operan al margen de la ley.
LEER MÁS >>> Hallan los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores secuestrados en Pataz
“Las ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales e ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, denunció la empresa, cuestionando la inacción de las autoridades a pesar de que muchas de las bocaminas ilegales están plenamente identificadas y georreferenciadas.
Reinfo ampliado
En diciembre de 2024, el Congreso y el Gobierno acordaron extender el plazo del Reinfo por 6 meses, pese a las advertencias de que este mecanismo permitiría que mineros ilegales e informales seguirían operando. La ampliación se oficializó con la Ley 32213, que incluye una disposición que permite una ampliación adicional de 6 meses mediante decreto supremo emitido por el Ejecutivo.
El Reinfo, creado en 2012 como parte de un esfuerzo por regularizar la minería informal en Perú, ha sido objeto de intensas críticas debido a su presunta contribución al blanqueo de oro ilegal. Según una investigación publicada por Ojo Público, entre 2021 y 2023, más de 5.800 personas y empresas inscritas en este registro no cumplieron con la obligación de presentar reportes semestrales sobre su producción de oro, lo que ha puesto en duda la efectividad del sistema de fiscalización. En este contexto, el Congreso aprobó nueva prórroga del Reinfo, a pesar de que esta medida ha sido rechazada por procuradores y fiscales ambientales.
El Reinfo fue diseñado inicialmente como un mecanismo temporal para ordenar la actividad minera informal, con un plazo excepcional de 24 meses. Sin embargo, desde su implementación, ha sido extendido en al menos cuatro ocasiones por el Congreso y el Ejecutivo, lo que ha generado un sistema que, según críticos, no solo es ineficaz, sino que también permite que los inscritos en el registro queden eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. Esta situación ha provocado un debate nacional sobre el impacto del Reinfo en la lucha contra la minería ilegal y la protección del medio ambiente.
Llamado al Gobierno y exigencias concretas
Minera Poderosa también dirigió un firme mensaje a la presidenta Dina Boluarte, instando a su gobierno a replantear la estrategia frente al crimen organizado en zonas mineras y a fortalecer el trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“No será posible derrotar a la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la Policía sigue sin ingresar ni intervenir las bocaminas ilegales”, advirtió la compañía, recordando que estas zonas operan como refugio de bandas criminales que controlan territorios ricos en oro mediante la violencia.
Asimismo, la minera cuestionó el papel de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, por no atender los pedidos de exclusión de mineros informales que operan dentro de sus concesiones.
“Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos para enfrentar y derrotar la minería ilegal antes de que sea demasiado tarde”, concluyó el comunicado.
La tragedia en Pataz vuelve a colocar en el centro del debate nacional el rol del Reinfo y la necesidad urgente de una política pública efectiva que frene el avance de la minería ilegal, proteja la vida humana y el medio ambiente, y devuelva el control del territorio al Estado de derecho.
