La actividad de minería ilegal en la zona norte del país es una inquietud constante para los pobladores quienes no solo ven ocupadas las principales zonas agrícolas, sino que consideran que el avance de la minería informal representa un grave riesgo para el ecosistema y fuentes de agua locales.
En el contexto del Estado de Emergencia en la que aún se encuentra la población del departamento de Piura, por peligro inminente ante el déficit hídrico, la minería artesanal e ilegal se ha convertido en un detonante para la población, sin que tenga el mayor control por parte de las autoridades regionales y funcionarios del estado.
Mediante una entrevista a los medios locales, el Ing. Alejandro Vásquez, refirió que si bien la minería brinda recursos y rentas al Estado, la ineficiencia de este no permite que esos ingresos se reflejen en obras y mejoras para la población de aquel territorio explotado y eso se debe a la mala gestión de las autoridades vigilantes.
“El estado ha cometido constantes errores en su lucha contra la minería informal, como dar continuas prórrogas a los pequeños grupos de mineros, quienes continuamente están esperando la próxima oportunidad que les dará el Estado, mientras tanto no pagan impuestos, no asumen costos ambientales, costos en la comunidad y pues así no van a querer formalizarse nunca», señaló el docente.
Incluso, hoy los mineros informales e ilegales, no están satisfechos con la ampliación, por seis meses, lograda el año pasado, sino ahora buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas, en audiencias públicas, y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.
