La minería ilegal continúa expandiéndose en diversas áreas naturales protegidas del Perú y ya afecta al menos ocho ecosistemas estratégicos en regiones como Madre de Dios, Puno, Áncash, Cajamarca, Ica y Arequipa. Informes de organismos ambientales y fiscales advierten que esta actividad ilícita provoca deforestación, contaminación de ríos y destrucción de hábitats de especies vulnerables.
Uno de los casos más graves ocurre en la Reserva Nacional Tambopata, donde cerca de mil mineros ilegales han ocupado zonas protegidas. Según Conservación Amazónica (ACCA), entre 2025 y los primeros meses de 2026 se perdieron más de 500 hectáreas de bosque amazónico debido al avance de campamentos, maquinaria pesada e infraestructura minera dentro de la reserva.
La situación también es crítica en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde la minería ilegal ha deforestado cientos de hectáreas cerca del río Inambari y la comunidad de Kotsimba. La Fiscalía Ambiental detectó al menos 18 puntos de extracción ilegal colindantes con la zona de amortiguamiento del parque, poniendo en riesgo especies como el lobo de río, peces amazónicos y taricayas por el uso de mercurio.
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En Áncash, la actividad minera ilegal amenaza el Parque Nacional Huascarán al contaminar cabeceras de cuenca y acelerar el retroceso glaciar. Mientras tanto, en Cajamarca, el impacto alcanza al Santuario Nacional Tabaconas Namballe, donde se reporta contaminación de ríos y degradación de ecosistemas de páramo y bosque de neblina, afectando la calidad del agua y especies en peligro como el tapir de montaña.
La minería ilegal también avanza en la Reserva Nacional San Fernando y en el área protegida de las Líneas de Nasca. En estas zonas se han identificado campamentos, detonaciones con dinamita y perforaciones que dañan fauna marina, geoglifos y sitios arqueológicos con más de dos mil años de antigüedad. Asimismo, se reportan afectaciones en la zona de amortiguamiento del lago Titicaca y en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa.
Especialistas atribuyen el crecimiento de esta actividad ilícita al aumento del precio del oro y al debilitamiento de las instituciones ambientales y de control. El abogado ambiental César Ipenza advirtió que recientes normas aprobadas por el Congreso han favorecido la expansión minera informal, mientras que iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 3377 podrían facilitar nuevas concesiones y formalizaciones en Madre de Dios, incrementando el riesgo sobre áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del país.
