El director general de la defensa pública del Minjus consideró que el número de abogados públicos es suficiente para atender las demandas de las fiscalías para allanamientos, siempre y cuando antes se realicen coordinaciones con la Fiscalía.
Walter Ramírez, director general de la defensa pública del Ministerio de Justicia, informó este miércoles que su organismo cuenta con 2100 abogados a nivel nacional, de los cuales 1300 son especializados en defensa penal y están aptos para participar en las diligencias de allanamientos fiscales, tal como se requiere desde que se modificara en el Congreso la ley de crimen organizado.
«Lo que estamos haciendo ahora es coordinar con el Ministerio Público la dotación de defensores públicos que van a necesitar en las diligencias de allanamiento», indicó. En ese sentido, señaló que el requerimiento el fiscal tiene que precisar, entre otras cosas, «el número de defensores públicos que se necesitaría para realizar el allanamiento».
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El representante del Ministerio de Justicia aseguró que, desde la publicación de la mencionada ley, la defensa pública ha participado en 74 allanamientos y «ni uno solo se ha frustrado por ausencia del abogado […] todos se han llevado a cabo».
Con ese argumento insistió en que el trabajo coordinado entre las instituciones implicadas en los procesos de la justicia permitirá el éxito de los operativos de allanamiento.
Al respecto, dijo que su organismo ha dado instrucciones a los 34 directores distritales de defensa pública del país, «para que se coordine, para que las diligencias tengan éxito, porque hay una previa coordinación, articulación»
