En un esfuerzo decidido por combatir la depredación y fortalecer la regulación en la pesca, el Gobierno peruano ha promulgado la Ley 31982, que modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635) y el Decreto Legislativo 1393, que regula la interdicción en actividades ilegales en pesca. Esta legislación busca incorporar y regular el delito de construcción o modificación ilegal de embarcaciones pesqueras.
A partir de ahora, quienes construyan, modifiquen, promuevan o financien la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras se enfrentarán a penas privativas de libertad que van desde tres a cinco años, además de ciento ochenta a cuatrocientos días-multa. Estas sanciones aplicarán a aquellos que infrinjan las leyes o reglamentos, construyan o modifiquen una embarcación pesquera durante periodos de prohibición o sin la debida autorización.
La normativa también aborda a quienes adquieran, custodien o transporten una embarcación pesquera, sabiendo o pudiendo conocer que no cuenta con un certificado válido o que ha sido construida o modificada sin autorización. De igual manera, se castigará con la misma pena a quienes promuevan o faciliten estos actos delictivos mediante financiamiento, provisión de materiales, equipos o maquinaria.
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La ley redefine la pesca ilegal, incluyendo actividades como la construcción o modificación de embarcaciones pesqueras durante periodos prohibidos o sin la autorización correspondiente para el aumento de flota o la licencia de construcción.
Las acciones de interdicción para desguazar embarcaciones pesqueras sin permiso de pesca o construidas o modificadas ilegalmente serán llevadas a cabo por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), según sus competencias respectivas.
El Ministerio Público, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú o la DICAPI, ejecutará acciones de interdicción, estableciendo protocolos que determinarán responsabilidades, recursos humanos, financieros y logísticos necesarios.
Adicionalmente, el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Defensa publicarán en sus portales institucionales todos los títulos habilitantes otorgados a embarcaciones pesqueras y astilleros, fomentando la transparencia y control en la gestión de estos procesos.
