La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, por liderar una presunta organización criminal enquistada en su Gobierno, fue recibida con los brazos abiertos en el Congreso. La situación del mandatario está complicada; sin embargo, no queda claro si la demanda interpuesta por la fiscal Benavides procederá. El artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente durante su mandato por los delitos que la titular del Ministerio Público le sindica. Hay un debate abierto entre los juristas. Pero más allá de eso, el procedimiento es político.
Benavides ha dejado este caso, por ahora, en manos del Parlamento. Los legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y un sector de Alianza para el Progreso y de Acción Popular se inclinarán a favor de interpretar la carta magna bajo los argumentos de la fiscal de la Nación, quien ha apelado a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para sustentar que el jefe del Estado sí puede ser acusado en ejercicio de sus funciones.
LEER MÁS >>> Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra presidente Castillo
El artículo 117 de la carta magna señala que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento de esta institución.
El Ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados. Al cierre de esta nota, el presidente presentó una demanda de amparo para anular todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización. Este grupo parlamentario, presidido por el fujimorista Héctor Ventura, elaboró y aprobó el informe del caso Sarratea, que involucra al mandatario.
Castillo también pretende dejar sin efecto el informe del congresista Wilson Soto por presunta traición a la patria y la tercera moción de vacancia que viene impulsando el congresista no agrupado Edward Málaga. Así, exige al Poder Judicial que “se ordene al Congreso de la República a que se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra”.
La reacción del mandatario refleja que la crisis política ha llegado a tal punto que tres instituciones importantes del país –Ejecutivo, Congreso y Ministerio Público– se enfrentan entre sí, apelando a todos los recursos, legales y políticos, posibles. Es una batalla sin tregua.