Más de 2.000 bodegas han cerrado en el país debido a las extorsiones y atentados sufridos por sus dueños, informó el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy. Aseguró que, a pesar de las constantes amenazas, las autoridades no han brindado el apoyo necesario para enfrentar esta situación.
Respuestas inadecuadas
Choy criticó la falta de acción de las autoridades ante las amenazas y extorsiones que sufren los bodegueros. Según explicó, los policías suelen desestimar las denuncias, argumentando que las amenazas no constituyen un delito grave.
“El policía dice que no tiene las pruebas suficientes, las amenazas no son delito. Te dicen que vuelvas después”, afirmó en una entrevista con RPP.
Falta de protección a las víctimas
La falta de protección a las víctimas también fue un tema central de la conversación. Choy señaló que los bodegueros no cuentan con defensores de oficio y que la ley parece proteger más al delincuente que a la víctima. “La víctima no tiene defensor de oficio. Entonces, acá la ley es proteger al delincuente y yo como víctima no tengo eso”, denunció.
En muchos casos, los bodegueros se han encontrado con que sus denuncias “prescriben” sin que se les dé una respuesta efectiva. “A veces presentas una denuncia y te dicen que ya prescribió. ¿Cómo prescribió una denuncia?”, cuestionó.
Propuestas para mejorar la seguridad
Ante esta situación, la Asociación de Bodegueros está trabajando junto a otros gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, para modificar el marco legal y así ofrecer mayor protección a las víctimas. Choy destacó la importancia de plantear proyectos de ley que permitan una respuesta más eficaz ante la delincuencia.
