La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 735 332 por irregularidades en el servicio de protección de la ribera margen derecha del río Chira con enrocado al volteo del centro poblado de Chocán (Querecotillo – Sullana), a cargo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional Piura.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 014-2024-2-0612-SCE, se evidenció que funcionarios de la entidad consintieron la ampliación de plazo n.° 1 por 35 días calendario a favor del consorcio contratista, la cual fue presentada al margen del procedimiento establecido en la normativa aplicable al no haber establecido la fecha de inicio y fin de la causal invocada, así como sus efectos sobre la ruta crítica, por lo que se extendió el plazo del servicio y esto imposibilitó la aplicación de penalidad por retrasos injustificados en la ejecución de los trabajos.
También se advirtió que el consorcio culminó el servicio después del vencimiento del plazo contractual vigente. Incluso, dicha situación fue advertida por la Contraloría General en el desarrollo del servicio de control simultáneo y que se puso de conocimiento al titular de la entidad para la adopción de acciones preventivas y/o correctivas; sin embargo, se aprobó la liquidación del servicio sin aplicar la penalidad correspondiente.
Los hechos expuestos trasgredieron lo dispuesto en diferentes artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento referidos al contrato y responsabilidad del contratista, así como los lineamientos para la ejecución del servicio aprobado por entidad.
Como resultado del control posterior se identificó la presunta responsabilidad penal de cuatro personas, entre funcionarios y exfuncionarios de las áreas de Gerencia General, Dirección de Obras y Asesoría Jurídica, además del inspector del servicio y revisor de la liquidación. Por esta razón, se recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados.
Asimismo, se señaló presunta responsabilidad administrativa contra cinco personas, tres de ellas bajo la potestad sancionadora de la Contraloría.
Cabe indicar que el Ejecutivo autorizó el año pasado la transferencia de recursos a favor del Gobierno Regional Piura para financiar intervenciones por peligro inminente ante intensas lluvias y posible fenómeno de El Niño, por lo que se ejecutó el referido servicio, cuyo costo ascendió a S/ 7 569 856.
