La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura, en trabajo conjunto con DIVIAC PNP Piura, logró una sentencia condenatoria por el delito de favorecimiento a la prostitución agravada, en el marco de un operativo de allanamiento, registro domiciliario, incautación y detención preliminar judicialmente autorizados contra Adán Smith Camacho Pulache y Julio Yarleque Arrunátegui.
La intervención se ejecutó en el establecimiento denominado “Entrada Sin Salida”, ubicado en el caserío Malingas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura el día 13 de junio del 2026, conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambogrande, dentro de una investigación preliminar por la presunta comisión del citado delito.
Durante la diligencia, personal especializado de la DIVIAC y la FISTRAP ejecutó el ingreso al inmueble, procediendo al registro de los ambientes internos tipo habitaciones (“privaditos”), así como a la incautación de diversos elementos de convicción, entre ellos equipos celulares, cuadernos de registro, dispositivos electrónicos y sistemas de videovigilancia, los cuales permitieron corroborar la dinámica de funcionamiento del establecimiento vinculada a la prestación de servicios sexuales.
En el marco de la detención preliminar judicialmente dispuesta, los investigados Adán Smith Camacho Pulache y Julio Yarleque Arrunátegui fueron intervenidos dentro del establecimiento durante la ejecución de la medida.
También puedes leer: Piura: Suplantan identidad de un estudiante para amenazar a través de correos electrónicos
Como resultado de las diligencias realizadas, y ante la solidez de los elementos de convicción recabados durante el allanamiento y la investigación, los investigados se acogieron a la terminación anticipada del proceso, reconociendo los hechos materia de imputación. En consecuencia, presentado el acuerdo respectivo, el JIP Tambogrande emitió sentencia condenatoria, imponiendo al investigado Adan Smith Camacho Pulache cinco (5) años y a Julio Yarlequé Arrunátegui tres (3) años y cuatro (4) meses de pena privativa de libertad efectiva suspendida.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Policía Nacional del Perú acciones orientadas a la persecución eficaz de delitos que afectan la libertad y dignidad de las personas. (Ministerio Público)














