La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 174,894.06 en tres contrataciones directas ejecutadas por EPS Grau S.A. para la rehabilitación de los pozos Cortijo, La Planicie y Monteverde, en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. Así lo establece el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 013-2026-2-3470-AC, que identifica presuntas irregularidades en la gestión de los contratos suscritos durante la emergencia por déficit hídrico declarada a finales de 2024.
Según el órgano de control, durante el proceso de contratación se habrían modificado los términos de referencia para adecuarlos a la propuesta del proveedor Bettla Ingenieros E.I.R.L., permitiendo que este redujera el plazo inicialmente ofertado para cumplir con las condiciones de la contratación directa. Sin embargo, una vez adjudicados los contratos, la empresa obtuvo ampliaciones de plazo que, de acuerdo con la auditoría, carecían del sustento técnico y documental exigido por la normativa de contrataciones del Estado.
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El informe señala que las ampliaciones aprobadas impidieron a EPS Grau aplicar las penalidades máximas por mora al contratista, generando un perjuicio económico de S/ 54,383.41 en el pozo Cortijo, S/ 43,861.03 en La Planicie y S/ 76,649.62 en Monteverde. Asimismo, la Contraloría advierte que estas demoras afectaron la oportunidad de las intervenciones destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable durante la emergencia.
La auditoría también identificó deficiencias en los mecanismos de control interno de la empresa, al no contar con lineamientos que regulen la evaluación y aprobación de ampliaciones de plazo. Además, observó inconsistencias en el registro de estas intervenciones dentro del sistema Invierte.pe, al haberse clasificado como inversiones de emergencia sin cumplir los criterios técnicos establecidos para este tipo de proyectos.
Como resultado de los hallazgos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa en funcionarios de las áreas de Operaciones y Mantenimiento, Asesoría Jurídica y Logística de EPS Grau. El informe recomienda iniciar el procedimiento para el deslinde de responsabilidades, además de remitir el caso a la Procuraduría Pública para las acciones civiles correspondientes y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para evaluar la existencia de responsabilidades penales.
