Piura destinó entre 2020 y 2025 apenas S/ 115 707 para acciones vinculadas al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, monto que representa solo el 0,0006 % del presupuesto ejecutado por el Gobierno Regional durante ese periodo. Aunque desde 2023 hubo un ligero incremento en la ejecución de recursos, las acciones de prevención continúan dependiendo de la disponibilidad presupuestal anual.
El informe advierte que esta limitada inversión reduce la capacidad de respuesta frente a un delito que mantiene a Piura como uno de los principales corredores de captación y traslado de víctimas. La falta de un financiamiento permanente dificulta la implementación de estrategias sostenidas de prevención, atención y protección.
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A nivel nacional, el Ministerio del Interior destinó entre 2020 y 2025 solo S/ 9,9 millones al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asignó S/ 1,1 millones. Ambas fueron las únicas entidades del Gobierno Nacional que registraron recursos específicos para esta política pública.
Los resultados de la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 reflejan las consecuencias de esta insuficiente inversión. Entre 2022 y 2025, el porcentaje de mujeres y personas LGTBIQ+ que culminaron exitosamente su proceso de reintegración permaneció en 0 %, mientras que las metas de prevención descendieron del 100 % al 57,84 %.
Especialistas alertan que el escaso presupuesto, la débil articulación institucional y el subregistro de casos siguen siendo los principales obstáculos para enfrentar este delito.
