Piura se ha consolidado como la segunda región del país con más casos de trata de personas, solo superada por Lima. En 2024, la fiscalía especializada reportó 218 investigaciones, equivalente al 15,7 % del total nacional, superando a Puno, Madre de Dios, Arequipa y Tumbes.
Limitaciones en la persecución
La Fiscalía de Trata de Personas en Piura (FISTRAP) cuenta apenas con dos fiscales adjuntos para atender la creciente carga de expedientes, incluyendo casos de Sullana. A ello se suma la DIVINCRI Piura, que solo dispone de 25 agentes para toda la región, aunque ha anunciado la incorporación de más efectivos.
Víctimas sin refugio especializado
Uno de los mayores vacíos es la ausencia de un Centro de Acogida Residencial (CAR) para víctimas de trata. La falta de este espacio expone a las sobrevivientes a riesgos de revictimización, al ser derivadas a albergues no especializados. Especialistas advierten que sin atención psicosocial ni apoyo económico, las víctimas pueden regresar a entornos de explotación.
Déficit de presupuesto y llamado a la acción
A nivel nacional, el presupuesto para la prevención y atención de la trata ha caído en un 24 % entre 2021 y 2024, afectando a programas como Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer. Organizaciones como Promsex y Centro Ideas reclaman un protocolo regional que fortalezca la coordinación institucional. La situación refleja una deuda pendiente del Estado con las víctimas de trata en Piura, que siguen invisibles y sin una red de protección efectiva.
*Este reportaje ha sido posible con el apoyo del proyecto ‘No Más Mujeres Invisibles’, ejecutado por Promsex y Centro Ideas, con el financiamiento del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres.
