La familia de Percy Ipanaqué cuestionó con firmeza las declaraciones del general PNP Manuel Farías, quien sostuvo que el crimen sería un “ajuste de cuentas”. Para los deudos, esta afirmación no solo es injusta, sino peligrosa, porque —aseguran— intenta desviar la atención de las amenazas que el abogado denunció días antes y desacreditar su labor profesional.
Victoria, esposa del abogado penalista, señaló en el reportaje del dominical de América Noticias, que su esposo nunca tuvo vínculos con organizaciones delictivas y que asumir casos complejos no lo convertía en sospechoso. Por el contrario, afirmó que Percy se enfrentó a estructuras criminales desde la legalidad y que “manchar su nombre” a pocas horas del crimen les genera total desconfianza hacia la investigación policial.
La familia exige que un equipo especializado de Lima lidere el caso y que se analice el celular del abogado, donde —aseguran— habría mensajes y llamadas clave que respaldan las amenazas previas. También recordaron que Percy advirtió públicamente que temía por su vida y responsabilizó a altos mandos si algo le ocurría.
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Colegas y ciudadanos han respaldado a la familia, indicando que declaraciones apresuradas de la PNP solo entorpecen el proceso y revictimizan a quienes buscan justicia. Las vigilias en Piura han reiterado un mensaje común: defender el ejercicio profesional no puede convertirse en una sentencia de muerte.
El crimen ocurrió a plena luz del día, cuando dos sicarios en motocicleta interceptaron el vehículo del abogado y le dispararon siete veces. Apenas ocho días antes, Percy había denunciado el avance del sicariato y la falta de garantías. Su muerte ha dejado claro que la advertencia no fue escuchada.
